PRONUNCIAMIENTO DE LA DIP. GUADALUPE ROJAS DE MORENA

A mediados del pasado mes de diciembre,  las Cámaras, tanto de Diputados como la de Senadores, constituidas en su origen, como portavoces del deseo y sentir de los Mexicanos , dieron una muestra de la forma en que las instituciones de este país se encuentran secuestradas por los intereses de los menos, por los poderes fácticos, por los intereses económicos de una minoría y finalmente, ejemplificaron a través de dos actos aparentemente distintos, la forma como legitiman la misma lógica neoliberal de corte totalitario  por un lado despojando al pueblo de sus recursos naturales y degradando su medio ambiente, y por otro cancelando en los hechos, el  ejercicio democrático de sus derechos y libertades tanto individuales como colectivos.

Ambos actos coincidieron incluso en la misma sesión del Senado, el primero, en la forma de la aprobación de la Minuta con Proyecto de Ley General de Biodiversidad, que fue turnada a la Cámara de Diputados y en la que ésta habrá de fungir como cámara revisora. El segundo acto, también grave, lo constituyó la aprobación por parte de ambas Cámaras de la Ley de Seguridad interior y su publicación dos días antes de navidad, por el Titular del Ejecutivo.

La aprobación de la Ley General de Biodiversidad,  se dio sin debatirla, pues se presume que los propios Senadores que finalmente la aprobaron, lo hicieron desconociendo su contenido y alcances en principio, para posteriormente, negarse a cualquier diálogo y análisis de los señalamientos y críticas que se fueron presentando por parte de distintos especialistas.

La iniciativa presentada por la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien además de ser dueño de TV azteca, tiene inversiones en distintas ramas económicas, entre ellas la minería. La Senadora en cuestión,  quien además es directiva del Grupo Salinas, y presidenta de la Comisión encargada de dictaminar su propia propuesta, se negó a incorporar en el dictamen respectivo la prohibición expresa de la realización de actividades de alto impacto en  las Áreas Naturales Protegidas, tales como la minería o la generación de electricidad.

Dicha omisión había sido criticada duramente por distintas organizaciones ambientalistas de forma pública, e incluso, al momento de su discusión en el pleno la Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, propuso fuera incorporada la prohibición en el dictamen, siendo rechazada su propuesta por el pleno, y de inicio por los propios integrantes de su propia bancada del PAN.

Además de esta omisión que se sospecha no puede ser casual, sino responder a los intereses económicos y de negocios de su promotora y asociados dicha Ley tiene otras graves características como son:

La posibilidad de que se alcance de forma limitada y parcial la autorización del uso de un principio activo de una planta medicinal, para mediante un pago simbólico, permitir que una transnacional farmacéutica o de transgénicos, pueda privatizar dicho recurso y de paso el conocimiento tradicional asociado a su aprovechamiento.

Por otra parte, dicha ley no especifica de forma clara, las condiciones que se deben respetar a fin de garantizar el interés público y no dejarlo supeditado a los inciertos resultados de una negociación mercantil. Como parte de esto, lo constituye exentar a las empresas de obligación de  aportar información que consideren confidencial, para respetar la propiedad intelectual.

Dicha Ley fue aprobada por el Senado sin un proceso de participación de la sociedad y consulta pública, sin considerar la opinión de las comunidades y pueblos indígenas, colocando ésta hacía en lo subsecuente, con un carácter secundario sólo testimonial no vinculándola a autorización alguna.

En el extremo del absurdo, incluye en sus disposiciones transitorias, excepciones que abren la posibilidad del uso comercial de los mamíferos marinos.

Tal y como en un inicio el dictamen fue aprobado en la Comisión por parte del PRI y del Partido Verde,  justo cuando la sociedad estaba volcada en apoyar a los damnificados del terremoto, así también en su aprobación, se dio como un mero trámite administrativo, en una maratónica sesión de 15 horas y con el absoluto desconocimiento de lo que votaban lo senadores.

Poco antes de esto, fue también aprobada la ley de Seguridad Interior en un contexto aún más escandaloso por la notoriedad que cobró, al ser observada por múltiples organizaciones internacionales y nacionales, de derechos humanos, de seguridad pública y organismos multilaterales de los que nuestro país forma parte, habiendo suscrito distintos compromisos y responsabilidades.

Tal es el caso del relator de la ONU para los derechos humanos en México, Humas Right Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Nacional de Derechos Humanos entre otras, mismas que no sólo alertaron al momento de la presentación del dictamen, sino se lamentaron de su posterior aprobación por ambas cámaras conminando incluso, a que el Presidente Peña, pudiera vetar su publicación.

Sin embargo el Presidente no dio marcha atrás a dicha ley, ni a los compromisos que ya tenía con la cúpula militar habiéndola  publicado el mismo 22 de diciembre en el Diario Oficial. En dicha Ley, en primer lugar, se reconoce de forma implícita, que las fuerzas armadas han sido utilizadas sin un adecuado marco jurídico, en tareas expresamente prohibidas por la Constitución, durante por lo menos 10 años.

Dicha ley está diseñada a fin de que se pueda garantizar la seguridad jurídica de quienes integran las fuerzas armadas, al inmiscuirse en asuntos propios de las autoridades civiles. Constituye  a su vez, la legalización de la militarización del país generando condiciones permanentes, ante una situación que se supone como temporal.

Dicha Ley, busca seguir evitando la declaración del estado de excepción y la suspensión provisional de las garantías, instrumentos incluidos en la Constitución, manteniendo y acrecentando la presencia militar no sólo en la lucha contra el crimen organizado, sino contra todo aquello que pueda ser considerado, factor de riesgo para la seguridad del país, o ante cualquier manifestación de inconformidad social, que por el sólo hecho de ser considerada como no pacífica por parte del ejecutivo, permitiría el uso de las fuerzas armadas  para su contención y neutralización.

En lugar de fortalecer las policías locales, a fin de cumplir las responsabilidades en cuanto a la seguridad pública, según corresponde a los distintos ámbitos de gobierno, mantiene y acrecienta la presencia militar, pudiendo perpetuarla incluso indefinidamente.

Además de ser una Ley que mantiene el esquema de combate al crimen organizado, a partir del uso casi exclusivo de la violencia como instrumento, no clarifica contra pesos e instancias vigilantes que eviten la comisión de excesos por parte de las fuerzas armadas, quedando incluso poco clara la sanción de las mismas.

Permite labores preventivas a las fuerzas armadas, pudiendo ahora, escuchar conversaciones, allanar domicilios, o detener el libre tránsito y realizar revisiones corporales, ante la sóla presunción por parte de los militares. No existen mayores controles de sus impactos, resultados y eficiencia, que no sean los que se deriven del informe que rinde, el Secretario de Gobernación, ante el Congreso de la Unión.

En aspectos clave como la definición de amenaza a la seguridad interior, carece de especificidad, permitiendo cualquier interpretación, según la conveniencia o intereses del gobernante.  Lástima el federalismo al permitir la intervención militar en cualquier parte del país, sin necesidad ni de solicitud alguna por parte del Congreso de cada entidad, o de su gobernador.

Su uso, puede agravar la violencia existente, como ya lo han demostrado distintos estudios, y constituye, una herramienta peligrosa que faculta a un gobierno irresponsable, vinculado a la corrupción y con fuertes tentaciones autoritarias, a abusar del ejército, a fin de usarle en su beneficio e interés particular.

Desde este Congreso, MORENA se manifiesta por mi conducto, en absoluto rechazo a las leyes anteriormente expuestas, haciendo votos en el caso de la de Biodiversidad a que la Cámara de Diputados incorpore las múltiples opiniones y planteamientos que las organizaciones, las comunidades , los investigadores y el pueblo en general ha venido planteando, haciendo hincapié en la prohibición de actividades como generación de electricidad, extracción de petróleo o minería, en las ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

En el caso de la de Seguridad interior, consideramos necesario que la Suprema Corte revise su constitucionalidad, y en caso de no revertirla ahí, se acuda a las instancias internacionales para su revocación… NO PODEMOS REGRESAR A TENTACIONES FASCISTAS CON EL PRETEXTO DE LA INSEGURIDAD, CUANDO GRAN PARTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL, SE HA VENIDO AGRAVANDO, PRECISAMENTE POR EL USO DEL EJÉRCITO EN LOS ASUNTOS PROPIOS DE LA AUTORIDAD CIVIL.

En ambos casos, el pueblo mexicano y el sudcaliforniano, deberán estar confiados y seguros que el próximo gobierno nacional, de carácter popular y democrático, habrá de incluir su revisión entre los principales temas de la agenda pública, a fin de ser modificadas o derogadas, para ponerlas al servicio del pueblo.

ATENTAMENTE,

 

DIPUTADA GUADALUPE ROJAS MORENO

MORENA

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *